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REFORMA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

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¡Usted siempre tiene derecho a un juicio!

Tort Reform — Scales of justice and Gavel in Chicago, IL
La “reforma” de la responsabilidad civil es una frase ingeniosa ideada por los opositores al sistema de justicia civil para convencer al público de que los cambios en nuestro sistema de justicia civil son beneficiosos. En realidad, la “reforma” de la responsabilidad civil es un intento de las compañías de seguros, las grandes empresas y el sistema de atención sanitaria de debilitar el derecho a juicio en casos civiles garantizado por la séptima enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Los defensores de la “reforma” de la responsabilidad civil han intentado persuadir al público estadounidense de que las “demandas frívolas” están perturbando la economía estadounidense y que los “daños no económicos” deberían limitarse a un máximo de 250.000 dólares. Las reclamaciones de demandas “frívolas” son ampliamente exageradas. Ningún abogado razonablemente competente aceptaría un caso “frívolo” porque solo cobramos si ganamos el caso. ¿Quién aceptaría un caso y dedicaría el tiempo y los gastos necesarios para litigarlo si las posibilidades de recuperación fueran extremadamente remotas? Además, los jueces no sólo pueden desestimar casos “frívolos” en los tribunales, sino que hay disposiciones en la ley que permiten a los jueces de primera instancia imponer sanciones contra clientes y abogados que presenten “demandas frívolas”.
La verdadera razón por la que han aumentado las primas por mala praxis médica es que las compañías de seguros están tratando de compensar las pérdidas causadas por los malos resultados de las inversiones en los últimos años. Las compañías de seguros ganan dinero cobrando primas, invirtiéndolas y luego pagando lo menos posible. Cuando los tipos de interés son bajos y el mercado de valores no va bien, puede haber un déficit en los ingresos de las compañías de seguros. Su solución es aumentar las tasas de las primas y así mantener sus beneficios. Los pagos reales de las compañías de seguros se han mantenido relativamente constantes. Los defensores de la "reforma de los agravios" limitarían los daños no económicos, es decir, los daños por dolor y sufrimiento, discapacidad y, en los casos de muerte, por pérdida de la sociedad. Sin embargo, los daños no económicos son los que realmente equilibran la balanza de la justicia para una víctima de lesiones personales. Por ejemplo, en un caso reciente, los técnicos de radiación de un hospital calcularon mal por descuido la dosis de radiación para un paciente de cáncer que recibía radioterapia y le provocaron quemaduras horribles por radiación que fueron extremadamente dolorosas y desfigurantes, y lo serán durante el resto de la vida de la persona. La persona no trabajaba, por lo que no hubo pérdida de salario y el monto recuperado por los gastos médicos tuvo que ser reembolsado a la compañía de seguro médico del paciente.
Así que los daños fueron principalmente “no económicos”, pero muy reales y sustanciales. Mientras que cualquier jurado seguramente otorgaría millones de dólares por ese tipo de dolor, sufrimiento y desfiguración, la propuesta del lobby empresarial y de seguros limitaría los daños a $250,000.00. Las compañías de seguros se ahorrarían la diferencia y no estarían obligadas a reducir sus primas en un centavo. De manera similar, si un niño de cinco años muriera debido a la negligencia de un médico, no habría pérdida económica porque las personas muertas no incurren en gastos médicos y los niños de cinco años no trabajan. Mientras que la mayoría de los jurados otorgarían una compensación de siete cifras por este tipo de pérdida, los “reformadores de responsabilidad civil” limitarían la cantidad a $250,000.00. Me pregunto si pensarían que eso es justo si uno de sus hijos muriera o quedara discapacitado permanentemente debido a un proveedor de atención médica descuidado. Resulta irónico que los políticos que afirman defender los conceptos de menor interferencia gubernamental y mayor responsabilidad individual estén tratando de imponer al pueblo estadounidense una ley por la que el gobierno federal interferiría en los jurados de los tribunales estatales compuestos por ciudadanos comunes para eximir de responsabilidad a los proveedores de atención médica que cometen errores negligentes y mortales. En Shapiro, Cohen and Basinger, Ltd. estamos comprometidos a luchar contra las fuerzas represivas que buscan destripar nuestro sistema de justicia civil y, de ese modo, proteger las ganancias de la industria de seguros y las grandes empresas a expensas de las personas más gravemente heridas. Instamos a todos nuestros clientes a que protesten por esta injusticia ante sus senadores y congresistas.
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